Vamos por partes.

agosto 26, 2008 § 1 comentario

Eso es lo que diría Jack, el destripador. Y eso es lo que les pido a la hora de pensar los metamensajes y todo lo que circunda a las actitudes, acciones y comentarios de la siguiente nota que transcribo desde Crítica de Argentina, que vi girada en Más comunicados.

Ahí va…

Una Avanzada dominguera y sorpresiva del gobierno porteño contra la contaminación visual

Alto operativo de escrache a la publicidad callejera

El centro se llenó de grúas, el tránsito se vio interrumpido y 35 carteles ubicados en la zona del Obelisco fueron clausurados. Polémica por la nueva licitación de mobiliario urbano que lanzó la comuna.

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Los carteles tapados. Así se vieron los grandes anuncios comerciales del centro de la ciudad luego del paso de los operarios enviados por el gobierno porteño. Leyendas elocuentes: “Publicidad en infracción”, decían.

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Las calles y avenidas de Buenos Aires tienen más de 70 mil carteles y marquesinas publicitarias sobre los techos y terrazas de sus 312 mil frentes. Según el gobierno porteño, cerca de 50 mil (el 70%) están en infracción. Pero bastó que el domingo tres grúas pusieran fajas de clausura sobre 35 para que se desatara la polémica. Ayer los inspectores de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Medio Ambiente porteño multaron a más de 60 marcas que contrataron alguno de los 100 principales carteles que ocupan las alturas de las avenidas Corrientes (entre el 1000 y el 2000) y 9 de Julio (entre Rivadavia y Santa Fe). Durante el operativo estuvo presente el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Con la frase “publicidad en infracción”, varias de las principales marcas del país fueron primero escrachadas y después multadas junto a las empresas que los instalaron. La medida fue concretada ante la furia de los dueños de la cartelería, quienes nucleados en la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE) anticiparon a Crítica de la Argentina que hoy demandarán penalmente y por daños y perjuicios a la comuna.

“Nos patearon el tablero –explicó Gustavo Brizuela, presidente de la APE–, porque este operativo, además de ser intempestivo e ilegal, está armado para los medios”, denunció el empresario, quien recordó que “el jueves pasado” habían acordado con el ministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Piccardo, un trato que estaban dispuestos a respetar. “Hace dos semanas el gobierno de Macri nos prometió que derogaría la resolución que suspendió por cuatro meses los permisos para instalar carteles y este jueves el propio Piccardo nos dijo iban a cumplir con esa promesa apenas sacáramos los carteles irregulares. Estábamos por hacerlo”, dijo el empresario.

Brizuela se refiere a la resolución 1065, una disposición por la que el gobierno suspendió el otorgamiento de nuevos permisos para carteles desde el 18 de julio por 120 días. La norma crispó los ánimos de la industria publicitaria y a principios de agosto sus cámaras lanzaron una campaña en defensa de los carteles, aunque luego de la entrada en vigencia de la suspensión ambas partes se sentaron a negociar con la comuna. Acordaron retirar unos 40 mil carteles en infracción. “La 1065 es muy dañina para nosotros, no se puede parar el circuito de compra y venta de espacios por cuatro meses como si nada pasara”, argumentan.

La publicidad en vía pública está regulada desde 1986 por la ordenanza 41.115/85, una norma que el gobierno de Macri quiere cambiar por la Ley de Publicidad Exterior, cuyo proyecto será tratado en la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura porteña. El borrador también es cuestionado por las empresas involucradas, porque “no recoge la opinión de los actores directos, reduce en un 50% los carteles que se podrán instalar, discrimina a muchas empresas que quedarán afuera del negocio y por eso dejará a más de 4.000 personas sin trabajo en forma directa y a otros 4.000 en forma indirecta”, admiten desde la APE.

Para el ministro Piccardo, la situación no es tan dramática. El operativo sorpresa, dijo, tiene sus razones. “A principios de mes acordamos que sacarían 40 mil carteles y no levantaron ni uno. No esperamos más y este domingo clausuramos 35, descubrimos que 20 estaban emplazados con permisos que no se podían dar, que tenían papeles firmados por funcionarios que no estaban habilitados para hacerlo y descripciones técnicas que luego no eran tales”, explicó Piccardo.

Para la APE, los argumentos de Piccardo son inadmisibles porque “nos engañaron y nos primerearon con las grúas para mostrarle a la gente que están haciendo algo”, sentenció Brizuela, mientras estaba reunido con todas las empresas que a partir de mañana radicarán decenas de demandas y amparos.

Para empresarios, diputados y funcionarios el mar de fondo del conflicto es la nueva licitación de mobiliario urbano que lanzó la comuna y que está suspendida por orden de la Justicia. Se trata de un negocio millonario. “Mobiliario urbano” es la expresión con la que la ley denomina a paradas de colectivos, contrapantallas verdes y pantallas luminosas. Según fuentes de la Legislatura, el cuestionamiento de los empresarios de la cartelería “es atinado, ya que la nueva licitación beneficiaría a sólo tres empresas”.

El gobierno porteño necesita reducir la contaminación visual. Las empresas de publicidad exterior admiten que la situación está “desmadrada”, pero si les reducen los espacios a la mitad y no pueden dedicarse a otra actividad similar, una parte estará condenada a la desaparición. Una salida era dejar de vender carteles para aprovechar la publicidad en el mobiliario urbano. Pero no pueden, ya que esa licitación se cerró antes de este conflicto y ahora está suspendida por la Justicia. Según supo este diario, en la Legislatura porteña los propios diputados macristas comprenden la furia empresarial, porque “Macri armó la licitación de mobiliario urbano para beneficiar a la mendocina Publicidad Sarmiento, a otra llamada Wall Street Vía Pública y a Vía Cart, cuya mayoría accionaria es del empresario Daniel Hadad, dueño del canal C5N y amigo del jefe de gobierno”.

La licitación está suspendida por orden de la Justicia, la misma instancia que recibirá una lluvia de demandas a partir de hoy.

San Pablo: el plan “Cidade limpa”

Para las empresas de publicidad exterior, la estrategia del gobierno porteño es terminar con su actividad. “En São Paulo, Brasil, pasó algo parecido”, recuerdan los publicitarios. En 2005 las empresas paulistas propusieron al entonces jefe de gobierno, José Serra, ordenar la “polución visual”. Así acordaron retirar los carteles en infracción y controlar el acuerdo en forma conjunta. Pero la paz duró hasta el 30 de enero de 2006, cuando el nuevo intendente Gilberto Kassab anuló todo lo acordado y lanzó el plan “Cidade limpa”. Además de las críticas por la posible pérdida de 15 mil puestos de trabajo, los paulistas denunciaron que todo se concentraba en el mobiliario urbano. El proyecto de Kassab es ley desde 2007 y obligó a eliminar en tres meses todos los anuncios callejeros de São Paulo. En un año y medio se acumularon miles de juicios y recursos de amparo. Varios lograron la aprobación de la Justicia. El principal argumento es la “inconstitucionalidad” de la ley, porque “la Prefectura no puede decidir la extinción de una actividad determinada”.

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